Peru suspende derechos civiles para acabar con las protestas de Tía María

A pesar de la suspensión temporal de 60 días del propuesto proyecto minero de Tía María por Southern Copper en la Provincia de Islay en la Valle del Tambo, las propuestas violentas no han parado. El viernes pasado, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia con vigencia de dos meses en la valle después de que una cuarta persona murió en las propuestas: Ramón Colque, quien tenía 55 años, según su sobrino, fue matado por una bala mientras vendía papas rellenas durante las propuestas. Testigos locales le dijo a AFP que había recibido la bala en su pecho.

Aparentemente, el gobierno peruano no quiso aguantar más violencia, y decidió hacer todo lo posible para acabar con las propuestas en tomar la decisión de suspender los derechos civiles y declarar un estado de emergencia para toda la Valle. Soldados adicionales llegaron en el área durante el fin de semana para tomar la responsabilidad por la seguridad de las más de 2,000 policías que ya estaban en la Valle. Sindicatos locales estaban organizando un nuevo paro para la semana entrante, y probablemente el gobierno peruano decidió tomar una acción decisiva antes de que la situación se les fuera de las manos.

Jose Ramos Carrera, el alcalde del municipio de Punta de Bombón, le dijo al Wall Street Journal que, “Lo que el estado de emergencia demuestra es que el gobierno quiere que la mina siga adelante no obstante el costo.” Agregó que los residentes locales continuarían a protestar a pesar de las acciones del gobierno.

Por semanas, las protestas de Tía María han dominado las noticias en el Perú. Todos están mirando hacia la Valle de Tambo, como que la conclusión de estas protestas determinarán el futuro económico del país. El Perú depende fuertemente sobre su industria minera para el crecimiento económico del país, y si el caso de Tía María muestra que los locales pueden enfrentar y ganar contra el gobierno y los intereses empresariales del país para cerrar un importante proyecto, muy probablemente impediría futuras inversiones en la industria minera del país.