Aunque las protestas violentas ya no dominan los noticieros peruanos, el conflicto social sobre el enorme proyecto minero de cobre llamado Tía María todavía no se ha terminado. Ministro del Interior peruano José Luis Pérez Guadalupe le dijo a la prensa que el gobierno consideraría prorrogar el estado de emergencia para garantizar tranquilidad y paz en el área.
Pero recién, Richard Ale Cruz, alcalde de la provincia de Islay donde el proyecto se ubica, rechazó la posibilidad de una extensión para el estado de emergencia declarado por el gobierno peruano el 22 de mayo. También pidió que el gobierno descongele las cuentas de la provincia. Ale negó las acusaciones que el Sendero Luminoso había infiltrado las protestas, asegurando que todos son locales y hijos de agricultores.
En otra noticia relacionada con el sector minero, La Republica publicó un pequeño artículo sobre las multas ambientales que se cobraron a las mineras. Supuestamente, las multas con valor de $1,4 millones de soles no han sido coleccionados.
En una noticia relacionada con el sector petrolero, hay una nueva actualización sobre la controversia del contrato para el lote III del yacimiento Talara a Graña y Montero Petrolera (GMP). Antes, La Repbulica había descubierto que aunque GMP recibió el contrato para desarrollar el yacimiento y firmó un contrato con Perúpetro, no cumplía con los requisitos técnicos básicos.
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