A pesar
del discurso ambicioso y las operaciones policiales agresivas del gobierno
federal del Perú, la verdadera responsabilidad para combatir la minería ilegal
en el país queda con los gobiernos regionales. Este martes, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció
que iba a proveer extensiva capacitación para funcionarios de los gobiernos
regionales sobre la fiscalización ambiental.
Hugo
Gómez, presidente de la OEFA, explicó que “Este año es importante que nos
reunamos con los gerentes ambientales y con los propios gobernadores para
explicarles que ahora la agenda mundial y nacional a cambiado y sí es un
imperativo poner énfasis en los temas ambientales, porque hay temas como el
calentamiento global y problemas serios a escala nacional.”
Según
las estadísticas
de la OEFA, todos los gobiernos regionales en el Perú están fallando en
términos de la fiscalización ambiental. Incluso la región de Cajamarca, el
líder entre los gobiernos regionales en el 2014 para la fiscalización ambiental
sobre la minería artesanal, tuvo un muy mal desempeño. Último en el listado de
regiones fueron
los gobiernos regionales de Lima y Callao.
En otra
noticia relacionada con el sector minero, Roque Benavides, presidente de Minas
Buenaventura y presidente del Comité Organizador del 32º Convención Minera
(Perumin) aseguró
a la prensa que el Perú todavía tiene una enorme potencial para implementar
proyectos mineros de grande escala que contribuirían al desarrollo económico
del país.
Este
septiembre, Perumin volverá
a Arequipa, a pesar de las protestas por las comunidades locales contra el
nuevo proyecto minero paralizado en el Perú, el de Tía María. Benavides no está
prestándole mucha atención a la posibilidad de protestas. Dijo que “Los mineros
sabemos asumir riesgos. Hemos tenido problemas en el pasado, pero estamos para
enfrentarlos y salir airosos.”
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