Durante
los últimos años, funcionarios del gobierno peruano han sabido que el principal
reto al desempeño económico del Perú son los conflictos sociales entre las
comunidades locales y el gobierno central y los intereses mineros y petroleros
del país. Sin embargo, muchas veces las comunidades locales han demostrado que
pueden enfrentarse contra el gobierno peruano y los intereses corporativos
exitosamente tras protestas fuertes y violentas.
Primero
los conflictos sociales del sector minero dominaban los noticieros, y ahora son
los de la industria petrolera. Tras el incertidumbre sobre el Lote 192 y si la
petrolera canadiense Pacific Stratus o la petrolera estatal Petro-Perú operará
el Lote, las comunidades locales han decidido encargarse de la situación. Un
líder comunitario en Loreto le dijo a Reuters
que los protestantes han tomado las instalaciones petroleras y un aeródromo
para tratar de forzarle al gobierno peruano sentarse en la mesa con las
comunidades locales.
Feconaco,
la confederación de los grupos indígenas locales, le dijo a la prensa que la
protesta seguirá indefinidamente, y le acusó
a Pacific Stratus de haber contratado sicarios para silenciar líderes
comunitarias que se oponen a la explotación petrolera.
Dado
tanta cobertura y discusión de Petro-Perú, El
Comercio decidió publicar un articulo detallando la cartelera de proyectos
de la petrolera para los siguiente 6 años. El principal proyecto es la
modernización de la refinería Talara.
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