Colombia
y el Perú no tienen una exclusividad sobre los famosos “conflictos sociales”
entre empresas extractivas y las comunidades locales donde dichas empresas
operan. El martes pasado, el Washington
Post publicó una investigación sobre las experiencias de un pueblo
brasileño con el lado oscuro del desarrollo industrial rápido y no regulado.
El
artículo describe las interacciones entre la comunidad de Piquia de Baixo y la
minera nao Vale, que provee hierro para las plantas de arrabio en el pueblo, y
que controla el ferrocarril que transporta el hierro. La preocupación principal
de la comunidad es la polución. Según un reporte de la Federación Internacional
de Derechos Humanos hecho en el 2011, el 77% de las familias en el pueblo
tenían por lo menos un miembro con una enfermedad grave. Vale niega
responsabilidad por la polución; dice que las plantas de arrabio con culpable,
mientras Vale busca apoyo para construir un segundo ferrocarril para llevar aun
mas hierro a las plantas.
Los
habitantes se sienten incapaces de defender sus propios intereses a través de
negociaciones o conversaciones con la empresa minera. El artículo cuenta que
acuerdos que se negociaron con Vale en el pasado no fueron respetados, con la
infraestructura rentable de la empresa dada mucho más prioridad que los
proyectos de infraestructura que benefician a la comunidad de Piquia de Baixo.
La
comunidad ya sabe que su única opción es bloquear el ferrocarril y protestar;
no tienen otra opción. Por supuesto, este método no es más efectivo que los
demás y solo genera más conflicto.
Esta
estratégia de negociaciones entre Vale y la comunidad local no beneficia ni a
la comunidad ni a la rentabilidad de la empresa. A su base es un problema de comunicación;
la minera parece haber perdido el apoyo de la comunidad local y parece incapaz
de recuperarlo.
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