El
Ministerio peruano de Minas y Energía anunció
que espera que inversiones en proyectos mineros superaran US$63,000 millones
durante los próximos cinco años, dado la cartelera de 51 proyectos mineros
pendientes y los US$9,300 millones que serán invertidos este año en expandir
proyectos ya existentes. De los $63,000 millones de proyectos, casi la mitad ya
recibieron la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental y su autorización
de construcción.
El
gobierno peruano, en un clima de bajos precios para metales, no quiere que su
fuerte industria minera pierda su impulso. Recientemente, conflictos sociales y
protestas sobre el proyecto de cobre Tía María han dominado las noticias, y el
gobierno quiere impulsar cobertura mediática positiva y enfocarse en las
inversiones en el sector y el impacto positivo que ellas tendrán sobre la
economía peruana. Sin embargo, las protestas contra Tía María siguen recibiendo
mucha cobertura en la prensa.
Ayer, El
Comercio publicó un editorial escrito por Roberto Abusada Salah, director
del Instituto Peruano de Economía. Salah dice que él había previsto la
desaceleración económica del Perú, y echa la culpa a las acciones del gobierno
que afectaron la confianza empresarial. Escribe, “Es en la esfera política
donde encontraremos las causas de nuestro fracaso al no poder mantener nuestro
crecimiento al nivel de su potencial. Y es en la política donde ha naufragado
la confianza.” Él cree que la casi cancelación de Tía María disparó alarmas por
todo el Poder Ejecutivo peruano, pero el presidente de la nación no ha hecho lo
suficiente para calmar los temores de los inversionistas.
A pesar
de las acciones del gobierno peruano, la protesta sobre Tía María no ha
terminado y pronto entrará en su segundo mes. Una reunión de muy alto nivel
entre ministros del gobierno y líderes locales no
logró un acuerdo, y líderes de las protestas anunciaron que el paro iba a
continuar. Nos parece que muchos observadores están usando este conflicto
social como una prueba de fuego a ver si el gobierno peruano realmente va a
proteger los intereses de inversionistas en el Perú, o si abandonaría el
esfuerzo cuando el público no está de acuerdo, como le pasó en Cajamarca.
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