Sigue
el conflicto social en el sur del Perú sobre el propuesta proyecto minero Tía
María. La semana pasada, las protestas llegaron a violencia – heridas y muertos
– y el gobierno peruano supuestamente está considerando pedirle
a Southern Copper hacer cambios a su propuesta para el proyecto minero con un
valor de US$1,400 millones. Ministra de Minas y Energía Rosa María Ortiz le
dijo a Reuters, “Si el gobierno decide que cambios son necesarios, podría
pedirle a la empresa modificar el estudio de impacto ambiental del proyecto,
dependiendo de la necesidad.” Llega esta admisión a pesar del hecho de que el
gobierno aprobó el estudio de Southern Copper en agosto del año pasado.
Durante
el fin de semana, El Comercio publicó una serie de editoriales sobre el tema de
la minería en el Perú. Jurgen
Schmidt, un profesor de economía en la Universidad del Pacífico, escribe
sobre las consecuencias ambientales de la minería. Él explique que el 66.7% de
los conflictos socioambientales en el país son relacionados con la industria
minera, y menciona que mucho de estas infraccionas se hacen no por mineros
artesanales sino por las grandes empresas mineras.
Consultor
minero Veljko
Brcic escribe sobre como la minería formal en el Perú sigue en demanda a
pesar de que el sector ha estado en una caída durante los tres últimos años y
no demuestra signos de una recuperación. Él demuestra que una parte del sector
que ha tenido mucho éxito es la parte de las plantas para el tratamiento
mineral, o “tolling.” El enfoque del país sobre la formalización del sector ha
ayudado mucho con el crecimiento de los proveedores de este servicio de
tratamiento, como que ellos procesan el mineral de los mineros artesanales.
Brcic argumenta que incentivar y simplificar los procesos para armar plantas de
tratamiento ayudaría en combatir la minería informal.
Ian
Vásquez, del Instituto Cato, describe su propuesta para desarmar el
sentimiento anti-minero en el Perú. El menciona que el costo de los conflictos
sociales sobre los proyectos mineros es muy alto, costándole al Perú un 1.5%
del PIB durante los siguiente 10 años. Vásquez argumenta que esta situación no
cambiaría si no se resuelve el problema de fondo: una falta de claridad sobre
los derechos de propiedad. Las comunidades locales donde se encuentran y se
explotan los recursos solo reciben una muy, muy pequeña parte de la riqueza
minera y por eso resienten las empresas y el gobierno. Él cree que el gobierno
debería darle a los propietarios sus derechos al subsuelo, y que esto
resolvería los conflictos sociales en el Perú.
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