Más de 1.000 policías y soldados participaron en los asaltos, destruyendo unos 179 campamentos y $3 millones de maquinaria que se usa en la minería de oro. Juan Antonio Fernández, el alto comisionado en asuntos de interdicción de la minería ilegal, dijo a la prensa que la operación "busca controlar el área de Madre de Dios de la minería ilegal y de actividades conexas, entre ellas la trata sexual y laboral de personas."
El Comercio explicó que el gobierno peruano entiende que sus asaltos frecuentes pero costosos no son suficiente para acabar con la minería ilegal. Sin embargo, por ahora, estas operaciones son la única herramienta que el gobierno tenga para arrestar el crecimiento de la minería ilegal.
A pesar de los tremendos costos ambientales y sociales de la minería ilegal de oro, el gobierno peruano se siente impotente para acabar con ella. Si la minería de oro sigue rentable, gente desesperada seguirá con la minería ilegal en la Amazonía peruana.
A pesar de la rentabilidad de la minería ilegal, la mayor empresa minera en el Perú, minas Buenaventura, reportó una pérdida de $293 millones en el cuarto trimestre del 2015, debido a los bajos precios del oro y la baja producción Reuters mencionó que sus analistas solo previeron una pérdida de $9 millones.