La semana pasada, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norteña del Perú (ORPIAN-P) le dijo a la prensa que iba a demandarle a la petrolera estatal Petroperu por un derrame de petróleo causado por un oleoducto. El presidente de la ORPIAN-P echó la culpa a la falta de trabajos de mantenimiento sobre el oleoducto. Según el gobierno peruano, Petroperu reportó el derrame el 27 de enero, y aseguró que estaba totalmente bajo control, y empezó los arreglos el 28 de enero.
Gestión reportó sobre la caída en ingresos gubernamentales de los sectores de minería y hidrocarburos. Impuestos sobre las ganancias mineras cayeron por un 24% en el 2015, a pesar de un gran aumento en producción, y impuestos sobre ganancias petroleras cayeron por un 43%. Comex, las Sociedad de Comercio Exterior, le pidió al gobierno peruano hacer todo lo posible para estimular el sector extractivo. Bolsamania mencionó que la caída en los ingresos tributarios les van a afectar a los gobiernos regionales y el gobierno nacional.
En otra noticia relacionada con el sector minero, los mineros ilegales en el Perú quieren elegir sus propios representantes al Congreso del Perú. La República explicó que varios partidos políticos han incluido defensores de la minería ilegal y dueños de dragas en sus listados de candidatos.
Por último, El Comercio publicó un artículo sobre la distribución de la crimen organizada por el Perú. El artículo subrayó las principales manifestaciones de la crimen organizada en todas las regiones del Perú. Aunque el narcotráfico y la extorsión dominan en muchas partes del país, en los departamentos de Madre de Dio y Puno, la minería ilegal dominan.
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